Tres deudores alimentarios en Quintana Roo son sentenciados confirmó la FGE, como parte de una estrategia integral de protección a menores.
Los deudores alimentarios en Quintana Roo serán castigados

Uno de los casos más destacados fue el de Irving Eduardo Martín Velázquez.
Sentenciado a tres años de prisión tras dejar de pagar la pensión alimenticia desde julio de 2018.
Este fallo fue emitido por un juez de control del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
La sentencia incluye el pago de 690 mil 541.66 pesos como reparación del daño económico, y 15 mil pesos por daño moral.
La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género presentó pruebas contundentes que sustentaron la condena.
Este caso se considera emblemático por el tiempo prolongado de omisión y el monto acumulado.
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Otro de los deudores alimentarios en Quintana Roo enfrentará proceso en libertad
En el mismo municipio, se reportó que Manuel Jesús “N” unos de los deudores alimentarios en Quintana Roo, fue vinculado a proceso por no aportar pensión alimenticia desde noviembre de 2024 en perjuicio de sus dos hijos.
Aunque no fue detenido, enfrentará un proceso judicial en libertad mientras se desahogan las investigaciones.
Las autoridades recalcaron que no ha habido ningún aporte económico por parte del imputado, lo que constituye una falta grave bajo la legislación actual.
Detienen a un tercer implicado por incumplimiento
El tercer caso corresponde a José Antonio “N”, quien fue detenido por elementos de la Policía de Investigación y presentado ante el Ministerio Público por el mismo delito de omisión de pensión alimenticia.
Este sujeto también habría dejado sin recursos a dos menores, afectando directamente su bienestar y desarrollo.
La pensión alimenticia es un delito grave: advierte la FGE
La FGE de Quintana Roo reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia para garantizar los derechos de la infancia y castigar la omisión parental, dejando claro que este tipo de delitos no quedarán impunes.
Las autoridades exhortan a las madres y padres que enfrentan esta problemática a denunciar formalmente, ya que existen mecanismos jurídicos para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.